IDL REPORTEROS ANUNCIA QUE EN LIMA Y CALLAO EXISTEN MAS DE 1,000 MUERTOS
Las líneas siguientes pertenecen a IDL Reporteros, las transcribimos para información de nuestros seguidores.
Fue el 10 de abril, día 26 del estado de emergencia, cuando, al anunciar la creación de un comando para el levantamiento de cadáveres, el ministro de Salud, Víctor Zamora predijo dónde matará la pandemia en los duros días que enfrentamos hoy: “Un grupo [de ciudadanos] va a morir en el hospital; otro, en la calle, en albergues o en sus casas”.
Pero, ¿sabemos realmente cuántos fallecidos por
COVID-19 hay en el Perú? Mientras el Minsa, hasta el 27 de abril, calcula 782 fallecidos por
COVID-19 a nivel nacional, IDL-Reporteros comprobó —al analizar los registros de los crematorios que más cadáveres incineran en Lima y Callao— que la cifra de muertos del Gobierno es muy inferior a la cantidad de ciudadanos que, luego de morir en un hospital o clínica, en su casa o en la calle, y ser cremados como casos
COVID-19, vuelven a sus familias como ceniza.
EL SUBREGISTRO DE MUERTOS
Así, para verificar la magnitud de dicho subregistro, IDL-R contrastó el reporte de fallecidos de la Sala Situacional COVID. La fecha de corte de la comparación fue el 24 de abril, cuando la cifra oficial fue de 290 muertos por
COVID-19 en Lima y 40 en el Callao, y 634 a nivel nacional.
Luego comparamos esos datos con el registro de Piedrangel, el crematorio que más fallecidos por
COVID-19 recoge e incinera en Lima y Callao. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, este crematorio —ubicado en el cementerio PNP Santa Rosa, en Chorrillos— incineró 1,005 cadáveres entre confirmados y sospechosos de COVID-19, en Lima y Callao: 818 murieron en un centro público de salud, 16 en hospitales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 153 en un domicilio o en la vía pública, 16 en centros privados de salud, y 2 en prisión.
Desde la fecha en que Piedrangel incineró al primer peruano que falleció en su casa por coronavirus, el 19 de marzo, —un hombre de 69 años, que murió solo en su departamento de Miraflores—, los tres hornos de este crematorio incineraban entre 15 y 18 cadáveres a diario. Desde el 16 de abril, sin embargo, comenzaron a cremar entre 45 y 50 cuerpos cada día.
“Tenemos las dos cámaras llenas”, dijo a
IDL-R Henry Gonzáles, gerente general de Piedrangel, quien entre el 20 y 24 de abril había contabilizado más de 300 muertos. “No hemos recibido cadáveres desde el sábado. Los mortuorios de los hospitales deben estar rebalsados de cadáveres. La semana que viene y las dos posteriores serán las más críticas”. Por eso, esta semana, que se supone es cuando más enfermos de COVID-19 fallecerán en casas, calles y hospitales, Piedrangel tiene planificado instalar de dos a cuatro hornos más para poder cubrir el servicio.
A su vez, la funeraria Campo Fe cremó 68 fallecidos sospechosos y confirmados de Lima y Callao, según sus registros actualizados al 23 de abril. Constante Castillo, jefe de operaciones de dicha funeraria, indicó a IDL-R que “la empresa donó 100 cremaciones al Estado. Hasta este momento se han usado 44 donaciones. Hemos tenido 24 cremaciones por COVID-19, de nuestros clientes particulares”.
Así que, al sumar los fallecidos registrados por Piedrangel y Campo Fe, se obtiene un total de 1,073 muertos por COVID-19 solo en Lima y Callao: el triple de lo reportado por el Minsa en estas regiones, y mucho mayor a la cifra de muertos registrados en todo el país.
Vale la pena destacar la enorme diferencia entre los datos del crematorio Piedrangel y el Minsa respecto a la cantidad de personas que murieron en la vía pública o en una vivienda. Mientras que Piedrangel cremó a 153 personas fallecidas que fueron recogidas en la calle o en un domicilio, el Minsa solo registra a siete fallecidos en esa condición.
Otro dato relevante: Campo Fe cremó 30 cadáveres procedentes del Hospital Guillermo Kaelin, en Villa María del Triunfo, como parte de la donación que hizo la compañía al Estado para cremar fallecidos en el contexto del COVID-19. Sin embargo, este hospital no figura en los registros del Minsa como uno de los centros públicos de salud que han tenido fallecidos por Covid-19.
La funeraria Mapfre, a su vez, que tiene cinco camposantos en Lima, Huachipa, Piura, Ica, Chincha y Pisco, también ha sepultado y cremado fallecidos con diagnóstico positivo de COVID-19 o con la probabilidad de haberlo tenido. De acuerdo con información entregada por la compañía, “hasta el 23 de abril, se han atendido 124 casos: 86 casos confirmados y 38 sospechosos. Se ha usado cremaciones o sepultura. En el marco de la ley y en cuanto esta lo permite, la familia ha decidido por uno de los
procedimientos”.
CIFRAS QUE NO CUADRAN
IDL-R también pudo comprobar que existe una diferencia marcada entre el conteo de fallecidos del Gobierno y el que refleja las páginas de los registros de fallecidos de dos hospitales públicos de Lima: el Hipólito Unánue (El Agustino), y el Arzobispo Loayza, (Cercado de Lima).
Las páginas del registro del mortuorio del Unánue indican que, desde el 26 de marzo hasta el 24 de abril, fallecieron 70 personas en las zonas acondicionadas para la atención de pacientes COVID-19. La mayoría de ellos, fallecidos en las áreas de Emergencias o en los pabellones D2 y D1, destinados a casos confirmados y sospechosos. Sin embargo, el registro oficial del Minsa, actualizado hasta el 24 de abril, solo contaba 12 muertos.
Otro caso similar lo encontramos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, uno de los más importantes y antiguos del país. De acuerdo a los registros del mortuorio y a los certificados de defunción, solo entre el 14 y 20 de abril (sin contar el 16), el Loayza consignó 21 muertos clasificados como “Cadáver COVID-19”. En 20 de estos casos se especificaba que habían muerto por COVID-19 o por alguna enfermedad relacionada al COVID-19, en el espacio de “diagnóstico” de la ficha, Sin embargo, hasta el 24 de abril, el Minsa solo contaba 10 muertos en este hospital.
La diferencia entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales y crematorios llama poderosamente la atención, y revelan, como mínimo, una profunda negligencia del Gobierno en la compilación de los datos de los fallecidos por la pandemia.
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