La ONG peruana Aprodeh y la internacional CEJIL
expusieron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte-IDH) que no cuestionaban el operativo militar Chavín de Huántar,
que liberó a 72 rehenes tras el secuestro terrorista del MRTA en la
residencia japonesa en 1997, pero exigieron la nulidad de la
investigación y juzgamiento de la operación militar.
El
argumento de las ONG fue que el juicio de este caso por las supuestas
ejecuciones extrajudiciales de tres terroristas se hizo en la
jurisdicción militar, pese a que no era competencia de ese fuero.
ÚLTIMA VISTA.
Ayer se realizó la última audiencia ante la Corte-IDH que evaluó la
demanda contra el Estado por la muerte de los terroristas Eduardo Cruz
Sánchez, "Tito", Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros.
Allí,
en Washington, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, defensa de los
familiares de los terroristas abatidos, indicó que "las declaraciones de
los comandos no coinciden".
Pero fue el abogado de
Aprodeh, Jorge Abregú, quien dio la estocada contra los comandos al
aseverar que el juicio que se les siguió en el fuero militar no fue el
adecuado, pues se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Abregú
cuestionó que en el 2002, la Corte Suprema de Justicia otorgase la
competencia y aplicación de la justicia militar para los comandos.
NO HUBO EJECUCIONES. Sin
embargo, Luis Huerta, procurador del Estado Peruano, defendió la
actuación de los comandos al indicar que estos cumplieron sus funciones
y no participaron de ninguna ejecución.
Asimismo,
desbarató las declaraciones del principal acusador, el funcionario
japonés Hidetaka Ogura, quien aseveró haber visto con vida a los
terroristas, y sostuvo que carecen de sustento.
Los abogados de los comandos, Ántero Flores- Aráoz y Delia Muñoz, lamentaron que las ONG solo busquen una reparación monetaria
ESTADOS
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