Una gran ola de protestas que vive Venezuela desde hace ya mes y medio causó
hasta ayer 37 muertes y más de 500 heridos, mientras la justicia
ratificó la medida de cárcel para dos dirigentes opositores apresados
por su supuesta relación con los hechos violentos en las
manifestaciones.
Este escenario se presenta al cierre de una
semana protagonizada por la visita al país de una misión de cancilleres
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante dos días, que se
reunió con todos los sectores de la sociedad y pidió de ellos el
compromiso de deponer la violencia.
La fiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega, elevó a 37 el número de fallecidos durante las
protestas que desde el 12 de febrero pasado se desarrollan en el país en
contra de la gestión de Nicolás Maduro, 29 de ellos civiles y ocho
funcionarios de la policía militar. El número de heridos ya asciende a
559, de los cuales 379 son civiles y 180 funcionarios policiales,
mientras que los detenidos ascienden a 168, según Ortega.
El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que la Corte de Apelaciones
de Caracas negó la petición de excarcelación presentada por la defensa
del líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde el
18 de febrero pasado y “declaró sin lugar el recurso de apelación”
interpuesto por sus abogados.
El dirigente opositor fue acusado
de presuntamente incurrir en los delitos de “determinador (autor
intelectual) en incendio intencional, instigación pública, daños y
asociación para delinquir”.
López es señalado de haber instigado
los actos de violencia del día 12 de febrero, cuando una marcha
pacífica acabó con ataques a bienes y edificios públicos en el centro de
Caracas, una manifestación que disparó el inicio de las protestas
contra el Gobierno.
El líder opositor Henrique Capriles
consideró el fallo una “decisión fascista” y expresó su solidaridad con
López, mientras que la esposa del dirigente preso, Lilian Tintori,
señaló que la justicia venezolana negó “la verdad” al rechazar la
apelación presentada por la defensa.
También fue ratificada la
medida de privativa de libertad contra el opositor Daniel Ceballos,
quien el martes fue condenado a 12 meses de prisión y despojado de su
cargo de alcalde de San Cristóbal, capital del Estado Táchira, por no
acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de
barricadas.
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